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"Es lamentable que los esfuerzos del ministro estén centrados en establecer plazas que favorezcan a unos pocos abogados"

Carta enviada por abogado Luis Hermosilla a El Mercurio 
25-10-2017

Señor Director:
 
De público conocimiento ha sido la polémica que originó la decisión del Gobierno de crear 101 nuevos cargos de notarios y conservadores en el país.
 
Por ello, llama la atención la reciente carta del ministro de Justicia, Jaime Campos, principal impulsor de esta iniciativa. En ella, anticipa una especie de teoría conspirativa a la que atribuye todo tipo de "confabulaciones e intereses bastardos" para calificar los nombramientos de "espurios, arbitrarios y caprichosos".
 
Lamentablemente, para el señor ministro, en un Estado de Derecho las frases rimbombantes no sirven para borrar o mitigar las evidentes arbitrariedades de este proceso.
 
Para crear nuevos oficios, la legislación exige un informe favorable de las respectivas Cortes de Apelaciones y la conveniencia para el mejor servicio público. Sin embargo, varios de ellos no son necesarios para un mejor servicio. Así respondieron varias Cortes, que informaron negativamente a la solicitud del ministro Campos, quien tuvo que insistir por un informe favorable "a la brevedad", sin aportar ningún antecedente técnico que lo avalara.
 
Así, llegamos a 101 nuevos cargos, contenidos en el Decreto Exento 1515, que prescinde de la toma de razón de Contraloría.
 
No en vano la Cámara de Diputados nombró una Comisión Investigadora para determinar posibles vicios e ilegalidades de este decreto y si realmente se justifica esta decisión. Y ante Contraloría se han interpuesto múltiples recursos en igual sentido, incluso por municipalidades seriamente afectadas. No olvidemos que un nuevo conservador obliga a reinscribir todos los títulos y en algunos casos ni siquiera hay conectividad entre las nuevas oficinas y las comunas que deben atender.
 
Todo lo anterior enciende una luz de alerta sobre el proceso, que no va a despejar el ministro Campos con intercambios epistolares o ejercicios literarios. En un Estado de Derecho, lo que cabe esperar es que las instituciones funcionen y se pronuncien con urgencia. Más aún con la "fiebre" que los concursos para las nuevas notarías han generado: 4.515 postulantes para los primeros 38 cupos. Una selección que será cara, como confirmó el presidente de la Corte Suprema, e irrogará cuantiosos recursos al fisco.
 
Es lamentable que, en las postrimerías de este gobierno, los esfuerzos del ministro estén centrados en establecer plazas que favorezcan a unos pocos abogados, cuestión que esperamos sea corregida por los órganos constitucionales con competencia, particularmente la Cámara de Diputados y la Contraloría.
 
 
 
 
Señor Director:

De público conocimiento ha sido la polémica que originó la decisión del Gobierno de crear 101 nuevos cargos de notarios y conservadores en el país.

Por ello, llama la atención la reciente carta del ministro de Justicia, Jaime Campos, principal impulsor de esta iniciativa. En ella, anticipa una especie de teoría conspirativa a la que atribuye todo tipo de "confabulaciones e intereses bastardos" para calificar los nombramientos de "espurios, arbitrarios y caprichosos".

Lamentablemente, para el señor ministro, en un Estado de Derecho las frases rimbombantes no sirven para borrar o mitigar las evidentes arbitrariedades de este proceso.

Para crear nuevos oficios, la legislación exige un informe favorable de las respectivas Cortes de Apelaciones y la conveniencia para el mejor servicio público. Sin embargo, varios de ellos no son necesarios para un mejor servicio. Así respondieron varias Cortes, que informaron negativamente a la solicitud del ministro Campos, quien tuvo que insistir por un informe favorable "a la brevedad", sin aportar ningún antecedente técnico que lo avalara.

Así, llegamos a 101 nuevos cargos, contenidos en el Decreto Exento 1515, que prescinde de la toma de razón de Contraloría.

No en vano la Cámara de Diputados nombró una Comisión Investigadora para determinar posibles vicios e ilegalidades de este decreto y si realmente se justifica esta decisión. Y ante Contraloría se han interpuesto múltiples recursos en igual sentido, incluso por municipalidades seriamente afectadas. No olvidemos que un nuevo conservador obliga a reinscribir todos los títulos y en algunos casos ni siquiera hay conectividad entre las nuevas oficinas y las comunas que deben atender.

Todo lo anterior enciende una luz de alerta sobre el proceso, que no va a despejar el ministro Campos con intercambios epistolares o ejercicios literarios. En un Estado de Derecho, lo que cabe esperar es que las instituciones funcionen y se pronuncien con urgencia. Más aún con la "fiebre" que los concursos para las nuevas notarías han generado: 4.515 postulantes para los primeros 38 cupos. Una selección que será cara, como confirmó el presidente de la Corte Suprema, e irrogará cuantiosos recursos al fisco.

Es lamentable que, en las postrimerías de este gobierno, los esfuerzos del ministro estén centrados en establecer plazas que favorezcan a unos pocos abogados, cuestión que esperamos sea corregida por los órganos constitucionales con competencia, particularmente la Cámara de Diputados y la Contraloría.


Autor: Luis Hermosilla Abogado