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Notarios y Conservadores ¿Cuánto poder se quiere perder?

Columna de opinión del ex Ministro de Justicia Teodoro Ribera
07-09-2017

Opinión
Teodoro Ribera, ex Ministro de Justicia
Diario La Tercera

Hace poco más de cinco años, el Presidente Sebastián Piñera respondió una pregunta que me correspondió hacerle en mi calidad de ministro de Justicia: ¿Está usted dispuesto a perder el poder que conlleva la facultad de nominar los notarios, conservadores y archiveros, sobre la base de una terna elaborada por las Cortes de Apelaciones? Con su respuesta afirmativa, se presentó una iniciativa legal que duerme en el Congreso Nacional desde 2012 -tal como la reforma del Sename- y que instalaba un sistema de selección de los postulantes a estos cargos auxiliares de la administración de justicia, sobre la base de pruebas objetivas, confeccionadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para ingresar, cambiarse o ascender dentro del mismo, eliminando la larga tradición que ha hecho de los contactos un filtro relevante de selección. En esta misma tendencia, la Corte Suprema estableció en el año 2014 exámenes habilitantes de conocimientos, habilidades y psicolaborales para los postulantes, cuyos resultados no son, sin embargo, obligatorios ni para las Cortes de Apelaciones ni para el Ministerio de Justicia.

Así, recientemente un postulante obtuvo cero puntos en el examen (pues no lo rindió), fue colocado en terna por una Corte de Apelaciones y después nombrado notario. Todo ello, en el pleno respeto de la legislación vigente. Esto conduce, tal como lo demuestra la práctica, a que las pruebas sean meramente ilustrativas y que se carezca de una fundamentación del por qué se prefiere a uno y no a otros.

Por otra parte, el proyecto de ley exigía de los notarios un mayor aporte a la seguridad jurídica, conminándolos que como ministros de fe no sólo autorizaran y guardaran en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgan, sino que debían además extender los instrumentos públicos solicitados, examinando que no fueran contrario a las normas del derecho público, debiendo informar de manera imparcial a las partes de lo convenida en dichos documentos. La reforma del año 2012 introducía igualmente normas modernizadores para el funcionamiento del sistema en su conjunto, como contar con bases informáticas actualizadas de poderes, la transmisión digital de datos entre notarías y conservadores, etc.

La apreciación ciudadana de que el sistema notarial actual es poco transparente en materia de designaciones, que su aporte a la seguridad jurídica es insuficiente y que los controles externos no son adecuados, genera un cuestionamiento que no es conveniente para estos auxiliares de administración de justicia. Su reforma parece, así, urgente.

No obstante lo anterior, no debemos menospreciar el aporte a la seguridad jurídica y a la prevención de conflictos que generan los notarios, lo que conduce que una importante parte de sus funciones obedece más bien a trámites voluntarios, derivados de la seguridad que conlleva su certificación para terceros, y no de una obligación impuesta por la ley.

El sistema notarial y registral chileno debe evolucionar hacia una mayor transparencia, objetividad y modernidad, tal como en diversos países europeos, compartiendo incluso otras funciones, como las del oficial del Registro Civil en caso de la celebración del matrimonio. Ello demanda, sin embargo, responder nuevamente una pregunta: ¿Está el Ejecutivo dispuesto a ceder su poder ante un sistema objetivo y transparente de ingreso y promoción?