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Presidente de la Asociación: Es evidente la falta de antecedentes al momento de crear nuevos oficios

Carta publicada por el diario El Mercurio
16-02-2018


Una intervención masiva a un sistema jurídico obliga a disponer de los estudios necesarios y completos para adoptar decisiones correctas y fundadas, y nada mejor para eso que diseñar una buena política pública, que en el caso del decreto 1515 del Ministerio de Justicia, que crea 101 cargos de notarios y conservadores, evidentemente no existió.

Contrariamente a lo que señala el ministro de Justicia, don Jaime Campos, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales no se opone a la existencia de nuevos cargos. En muchos casos los propone, pero lo hace cuando dicha creación está fundamentada en estudios objetivos que la justifican desde el punto de vista técnico. Esta es una de las graves falencias del mencionado decreto.

Todavía no se conocen los análisis de las autoridades sobre los factores fundamentales que se deben ponderar al momento de crear un nuevo oficio, tales como número de habitantes por notaría (incluyendo población flotante), proyección de crecimiento de la población, actividad económica de la comuna, existencia de otros servicios públicos, cantidad de atenciones jurídico-comerciales requeridas y acceso al servicio.

Cabe preguntarse, inclusive, si existe un análisis del gobierno que cruce estas variables. La interrogante permanece tras conocerse que, después de haber firmado el decreto, el ministro de Justicia solicitó más tiempo a la Contraloría General de la República para completar los estudios respectivos. No se puede considerar que esta normativa sea una buena política pública si al momento de dictarse carece de las razones técnicas fundamentales que justifiquen su implementación.

Como gremio actuamos en forma responsable y efectuamos un análisis del decreto, que está disponible para conocimiento de la ciudadanía. Una de las principales conclusiones es la arbitrariedad que hubo para elegir los lugares donde se proponen nuevas notarías. En 15 de las 34 comunas en que se plantea la existencia de oficios por primera vez no se justifica tal decisión bajo ningún punto de vista; en 32 de las 90 comunas donde se crean nuevos cargos el número de habitantes por notaría es muy inferior a 40 mil personas, cifra considerada adecuada por quienes han realizado estudios al respecto; otras siete comunas no disponen siquiera de una sucursal bancaria, y más de la mitad de las comunas en que se crean cargos de notario o conservador registran una tasa de iniciación de actividades en primera categoría inferior a 20 por cada 100 habitantes durante los últimos 10 años.

Es tan evidente la falta de antecedentes que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, por unanimidad, concluyó que se deben adoptar las medidas para que en lo sucesivo la propuesta de nuevos cargos esté respaldada en estudios completos y agrega que los decretos en esta materia deben quedar sometidos a control de legalidad. Si el acto del ministro Campos hubiese cumplido con todo eso, los parlamentarios no habrían hecho tal recomendación.

La delicada función que cumplen estos ministros de fe, profesionales del Derecho, es la dación de fe pública y otorgar seguridad y certeza jurídica, tanto a los ciudadanos como al Estado, en cada uno de los procedimientos que están bajo su responsabilidad. Lo anterior aconseja evitar la incorporación de factores de riesgo que puedan afectar la rigurosidad con la que se debe ejercer la labor profesional o bien, validar una discriminación en el acceso a los cargos. La fe pública, la seguridad y certeza jurídica, la decisiva participación en el ámbito de la justicia preventiva, entre otros que resulta largo enumerar, constituyen activos jurídicos permanentes en el tiempo, que resulta imperativo proteger.

También impugnamos el decreto por falta de juridicidad, y lo que el ministro ha calificado como una "artificial e infundada controversia" consistió, ni más ni menos, en que la Contraloría General de la República reparó de ilegalidad el decreto en cuanto a las separaciones, fusiones y divisiones de cargos y le ordenó ajustar su actuar al ordenamiento jurídico. ¿Es eso artificial e infundado?

Por cierto, no lo es. Así como tampoco lo es la arbitrariedad de un decreto que no cumplió con las exigencias técnicas esperables en una política de Estado.

Confiamos en que las nuevas autoridades ponderarán estos antecedentes y se podrá recuperar un diálogo con altura de miras, como existió con los anteriores señores ministros, en el que, sin perjuicio de que podrá haber discrepancias, ellas se tratarán dentro de un debate respetuoso, constructivo y fundado.

Alfredo Martin Illanes Presidente Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile